Antonio Ávila
Los datos son duros y críticos, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) indica que en 2006 a un 10.7% de las mujeres trabajadoras se les solicitó el certificado de ingravidez (no embarazo), de las cuales al 1% se le disminuyó el sueldo, no se le renovó su contrato o fue despedida por estar embarazada.
Sin duda “esta es una forma de violencia y discriminación a la mujer que busca un desarrollo profesional y que lamentablemente se topa con serias dificultades si se encuentra embarazada”, expresa Diana Ibarra Soto del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV).
Aun cuando el despido por embarazo y la petición de certificado de ingravidez es ilegal en las dependencias públicas, “la práctica sigue efectuándose, afectando a un gran número de mujeres que necesitan trabajar para sacar adelante a su familia”.
“La realización de pruebas de embarazo antes y después de la contratación tiene un principio de productividad, en tanto se considera que la mujer embarazada no es igualmente productiva a las trabajadoras que no lo están, que se genera mayor ausentismo laboral por atención médica y situaciones referentes al embarazo, además de los permisos que establece la ley (durante la lactancia) y los gastos referentes a las prestaciones propias de la maternidad”.
Precisamente esta forma de pensar y falta de apoyos ha hecho que nuestro país sea catalogado como uno de los sitios que menos incentivos concede a este sector en materia laboral, por no señalar otros rubros.
“Proteger el embarazo es un compromiso social y para empezar habría que cambiar nuestro pensamiento de considerar a las mujeres embarazadas como personas no aptas para desempeñar un trabajo, simplemente requieren otros cuidados. Después de eso, deberían crearse esquemas de apoyo a las empresas y a los patrones para que los gastos derivados no sea un factor que influya en la decisión para contratar o no a una mujer en gestación”, señala la también investigadora de tiempo completo del CISAV.
La importancia de contar con una legislación clara y adecuada al respecto, evitaría atropellos, abusos y, sobre todo, la existencia de discriminación hacia la mujer embarazada, “el único medio a través del cual se puede tener un registro de las anomalías existentes respecto a la discriminación laboral a la mujer embarazada es a través de las denuncias pero en esto también desafortunadamente son pocas las mujeres que denuncian por la falta de conocimiento de sus derechos en esta materia”, dijo Ibarra Soto.
